¿Desconoce el principio de participación, que la junta directiva de Colpensiones?

¿Desconoce el principio de participación, que la junta directiva de Colpensiones, no cuente con representación de la sociedad civil?

No se desconoce el principio de participación; porque de este principio no se extrae la facultad de coadministrar por parte de los ciudadanos.

Fuente Normativa

(Sentencia C-376-08 / F2_SC376_08)

EL PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN NO DEBE SER ENTENDIDO COMO UNA FACULTAD PARA COADMINISTRAR.

“(…) La jurisprudencia no ha afirmado que la participación ciudadana deba ser entendida como una facultad de coadministrar en forma generalizada; que exija que todos los órganos de dirección de las entidades públicas estén conformados con representantes de grupos de la sociedad civil interesados en las decisiones que allí se adoptan.

Y la jurisprudencia no ha extraído tal conclusión, porque ella no emana de la Constitución. En efecto, la Carta se limita a consagrar la participación ciudadana como un principio, es decir como una cláusula abierta o concepto jurídico indeterminado, que permite al legislador diseñar diversas fórmulas que hagan efectiva la posibilidad de que la ciudadanía intervenga en el ejercicio y control del poder político.

En forma alguna de la Carta se extrae que, como consecuencia directa del principio de participación; los órganos directivos de las entidades públicas deban incluir representantes de determinados grupos sociales. (…)

Así las cosas, como un desarrollo del principio de participación la Carta consagra directamente:

El derecho de los ciudadanos de organizarse en asociaciones para controlar la función pública administrativa en todos sus niveles. No obstante, como ya se dijo, de dicho principio participativo no se deriva el derecho constitucional de dichas asociaciones ciudadanas o veedurías a ejercer directamente dicha función pública; adoptando decisiones propias de las autoridades.

Sin perjuicio de que el legislador, en desarrollo del mandato de optimización del principio participativo, pueda prever la injerencia directa de tales asociaciones en la conformación de los órganos de dirección de ciertas entidades, como por ejemplo lo ha hecho en el caso de las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios; no puede llegar a afirmarse que existe propiamente un derecho colectivo a que asociaciones ciudadanas conformen dichos órganos de dirección.”

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