sentencia t-818 de 2007

¿Se debe dar aplicación a lo establecido en la sentencia t-818 de 2007; dónde se sostuvo que la permanencia en el régimen de transición era un derecho adquirido en cabeza de aquellas personas que cumplían al menos uno de los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993?

No se debe dar aplicación a lo interpretado en la sentencia t-818 de 2007, porque:

1. Las sentencias de tutela tienen efectos interpartes.

2. Existe una clara línea jurisprudencial acerca de la materia (C-754 de 2004, C-1024 de 2004, SU-062 de 2010, entre otras); con la cual se sostiene que en los casos en que el afiliado decide abandonar el régimen de prima media con prestación definida para efectuar un traslado al de ahorro individual con solidaridad; y posteriormente regresa al primero, lo puede hacer en cualquier tiempo; pero, si desea hacer nuevamente parte del régimen de transición necesariamente debe contar con 15 años o más de servicios antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

Fuente Normativa

(Sentencia T-801-10 / F_ST801_10)

“(…) En conclusión, esta Sala debe apartarse de lo consignado en la sentencia T-818 de 2007; en primera medida, porque tal como lo consigna el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, las sentencias proferidas en sede de tutela tienen efectos inter partes; es decir que su aplicación únicamente se da para el caso concreto que han resuelto.

No aplicación del precedente establecido en la sentencia t-818 de 2007.

Por lo tanto no es correcto afirmar con base en lo resuelto en una sola tutela que es la forma de interpretar determinada norma que dio origen a la controversia. (…) Además de lo anterior, como ya se vio existe una clara línea jurisprudencial acerca de la materia que se estudia, con la cual se sostiene que en los casos en que el afiliado decide abandonar el RPM con prestación definida para efectuar un traslado  a el RAIS, y posteriormente regresa al primero, lo puede hacer en cualquier tiempo, pero, si desea hacer nuevamente parte del régimen de transición necesariamente debe contar con 15 años o más de servicios antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. (…)

Esta interpretación que ha sido reiterada entre otras por las sentencias T-449 de 2009 y T-474 de 2010 tiene su origen en la sentencia C-789 de 2002 que a su vez ha sido confirmada por las sentencias C-754 de 2004 y C-1024 de 2004; las cuales al ser sentencias de constitucionalidad tienen efectos erga omnes, a diferencia de las tutelas. Es decir que las decisiones que se toman en sede de constitucionalidad; resultan vinculantes para todas las personas sin importar si se trata de autoridades o particulares; por lo que de alguna manera éstas son de mayor jerarquía y en esta medida la Sala se acogerá a la interpretación sentada en los mencionados fallos. (…) 24. Finalmente, vale la pena resaltar que existe una sentencia de unificación al respecto; esto es la ya enunciada SU-062 de 2010. (…)”

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